El ámbito regulatorio, buscando la defensa de los intereses del inversor final, exige a las entidades una mayor transparencia en sus propuestas de inversión.
La selección de la clase de acción más adecuada requiere tener en cuenta el servicio de inversión contratado, así como el tipo de cliente.
Estos requerimientos hacen necesario un completo y exhaustivo proceso de análisis y seguimiento para poder cumplir con la política de mejor ejecución.