Por Inversis
El sandbox financiero español que ya se ha puesto en marcha sitúa a España en la vanguardia tecnológica de los países que cuentan con sistemas similares para apoyar la transformación digital del sistema financiero. Gracias a este laboratorio de pruebas, entidades financieras, empresas del sector seguros y startups podrán probar sus productos experimentales o sus nuevos modelos de negocio en un entorno controlado, incluso experimentar sus iniciativas de innovación que todavía no cuenten con un marco regulatorio. Los proyectos deben estar listos para salir al mercado, se podrán testear con clientes reales que los probarán de forma segura, y contarán con la implicación directa de organismos oficiales, tanto para prototipos novedosos como para los que no estén regulados todavía. Si superan las pruebas, el promotor podrá solicitar autorización o licencia para el comienzo de la actividad y podrán salir al mercado.
La iniciativa recibió 67 solicitudes en su primera convocatoria, algunas desde empresas extranjeras, lo que muestra el interés que despierta este laboratorio controlado de pruebas.
Los proyectos que reciban la evaluación previa favorable accederán a las pruebas y la autoridad supervisora responsable efectuará un seguimiento. El banco de pruebas permitirá a los participantes probar, modificar y ajustar los proyectos para que puedan funcionar en el mercado real. Los supervisores y reguladores velarán por el cumplimiento normativo y podrán incorporar los cambios necesarios al ser testigos directos de las transformaciones que se van produciendo en el entorno financiero. De hecho, se espera que gracias a este proceso se pueda mejorar la normativa vigente. Se trata de hacer viables nuevos proyectos innovadores, pero también de ganar en seguridad jurídica y avanzar en la protección al consumidor. Para ello, en el lado de los reguladores y supervisores están presentes organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros, la Secretaría General del Tesoro, la Agencia Española de Protección de Datos, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Entre las innovaciones tecnológicas que emplean muchos proyectos que se han presentado a la primera convocatoria se encuentran el uso de biometría e identidad digital, blockchain, computación en la nube, Internet de las cosas, Big Data o inteligencia artificial. Otros buscan facilitar el cumplimiento normativo con automatización de procesos que hasta ahora se hacían manualmente, proponen soluciones que hacen más precisa la valoración de riesgos financieros, aportan servicios innovadores a los usuarios o hacen más eficientes las transacciones.
Este espacio controlado de pruebas previsto en la Ley 7/2020 de 13 de noviembre busca encajar los nuevos productos o propuestas con la regulación antes de que entren en el mercado, así como comprobar los efectos que puedan tener sobre la protección de los consumidores y sobre la estabilidad financiera. Las pruebas permitirán a los promotores ajustar sus iniciativas y a los reguladores y supervisores mejorar la normativa y aplicar los cambios que consideren necesarios en un sector que cambia a pasos de gigante gracias a la transformación digital. Sólo accederán al mercado los proyectos que hayan recibido el visto bueno de los organismos de supervisión. Se trata de impulsar la innovación, pero también de garantizar un desarrollo económico sostenible, de proteger al consumidor y al sistema financiero.
Los supervisores analizarán las solicitudes que reciban para acceder al sandbox, se publicará el listado de proyectos que reciban una evaluación previa favorable y se emitirán resoluciones motivadas para aquellos que no reciban el visto bueno. A partir de ahí el promotor tendrá tres meses para firmar un protocolo de pruebas y, después, podrán comenzar los ensayos del proyecto piloto. Los resultados de las pruebas se tendrán en cuenta para modificaciones en la normativa vigente, incluso en algunos casos se elevarán propuestas a las autoridades europeas.
La duración de las pruebas está fijada en seis meses, aunque puede prolongarse seis meses más en función de su complejidad. De hecho, están previstas dos convocatorias anuales.
Una treintena de países cuentan ya con un espacio de pruebas regulatorio para el sistema financiero. Reino Unido fue pionero en Europa, lo puso en marcha en 2016 y por él han pasado cerca de 200 proyectos, algunos de ellos ya se están utilizando a nivel mundial.
Se espera que, como ha ocurrido en los estados que lo han puesto en marcha, el sandbox financiero español fomente la innovación gracias a la reducción del tiempo y del coste del lanzamiento de nuevos productos y servicios. También se prevé que atraiga talento para que fintechs, insurtechs y startups se decidan a lanzar sus servicios desde España. En el lado normativo, la estrecha colaboración entre las empresas y los organismos reguladores y supervisores puede facilitar un mejor entendimiento entre todos, mejorar la regulación financiera y la seguridad jurídica y promover cambios legislativos importantes. Para los participantes supondrá un escaparate que les hará visibles en el mercado con un fuerte impulso a su capacidad de captar financiación.